Esta aprobación en el congreso desató protestas que han mantenido paralizado al país desde hace más de un mes.
Por unanimidad, el pleno de nueve magistrados declaró la inconstitucionalidad en respuesta a dos recursos presentados contra la ley 406 del contrato entre el estado y la empresa minera, esta ley regula la explotación de la mina de cobre Panamá, la mayor inversión privada en la historia del país, con alrededor de 10,000 millones de dólares, que genera más de 7,000 empleos directos y 40,000 indirectos.
Sin embargo, la mina fue construida en el corazón del corredor biológico centroamericano causando daños irreparables al ecosistema, según los grupos ambientalistas que tienen años luchando contra el enclave.