Con 58 votos a favor la Asamblea Legislativa aprobó la ley especial contra el tráfico ilegal de personas.
Esta ley busca detener la migración ilegal y castigar a quienes cometan y promuevan este tipo de delitos, como por ejemplo la organización de caravanas que han partido hacia los Estados Unidos.
En la nueva normativa se aumentan las penas hasta 12 años de prisión, además se regula la figura delictiva de obstaculización del debido proceso encaminado a sancionar prácticas como ofrecer dinero a testigos o víctimas para que no se presenten a diligencias judiciales.