Laura Miranda pasó al menos 3 años recibiendo hemodiálisis, como tratamiento para sobrevivir a la insuficiencia renal, una enfermedad que le fue diagnosticada a sus 21 años, tras una lucha intensa por conseguir un donante, hace 5 años recibió un trasplante de riñón, que le permitió un cambio total en su vida.
En el país se han ejecutado poco más de 900 trasplantes de riñón en 35 años, que hasta la fecha sólo se pueden hacer con donantes vivos, ahora Laura evalúa la nueva ley especial sobre trasplante de células, tejidos y órganos humanos, misma que ya establece legalidad sobre la donación de órganos de personas fallecidas, que pudieran salvar otras vidas.
En El Salvador hay más de 6,000 pacientes renales en el sistema de salud pública, uno de ellos es Omar Vásquez, quien inició sus tratamientos de hemodiálisis en 1997, 25 años más tarde, aún está a la espera de la posibilidad de un trasplante para mejorar su calidad de vida, actualmente lidera la asociación de pacientes renales, para dar voz a las personas que padecen la enfermedad.
Para dar cumplimiento de la ley, las autoridades de salud y las instituciones involucradas deberán crear el consejo salvadoreño de trasplantes, para estos pacientes, según su testimonio, adicional al trasplante, se debe garantizar que los pacientes tengan acceso a su respectivo tratamiento posterior a este.
Como representantes de los pacientes renales, Laura y Omar consideran de gran relevancia que la población salvadoreña esté informada de lo que representa la donación de órganos, que podrían salvar vidas de otras personas.