Las agencias de seguridad privada registraban bajas de sus elementos por enfrentamientos con miembros de estructuras criminales en sitios que eran asediados por estos grupos, una situación que ha cambiado tras el régimen de excepción, pues a la fecha no contabilizan ni un solo incidente.
Son más de 400 empresas que aglutinan a unos 49,000 agentes que continúan dando su servicio a nivel nacional, dicen que ahora los contratan como medida disuasiva, aunque reconocen que la delincuencia común se mantiene.
Sin embargo, los trabajadores ahora enfrentan otra problemática, el 95% de las empresas de seguridad privada violan los derechos laborales de sus empleados, a pesar de los esfuerzos que se han hecho en conjunto con el Ministerio de Trabajo, la situación continua.
Los trabajadores de seguridad esperan que, en el nuevo periodo legislativo, los diputados retomen las reformas que el sector ha presentado y obtener soluciones a su situación.