El Salvador ha permanecido en estado de emergencia a nivel nacional tras las intensas tormentas que afectaron al país, lo que llevó al ejecutivo a solicitar esta medida a la Asamblea Legislativa, decreto que finalizará el próximo 1 de julio.
La iniciativa aprobada establece acciones inmediatas para la atención de las emergencias, incluyendo el resguardo y protección de la seguridad alimentaria y nutricional de la población en general y de los afectados en particular, la generación de condiciones adecuadas de albergues, además de la reestructuración de caminos, carreteras, puentes, así como de las viviendas y otras infraestructuras afectadas por este fenómeno.
También detalla la prevención de impactos negativos en la producción nacional, particularmente en el área de la agricultura, la agroindustria y la ganadería, entre otras acciones que coadyuven a la mitigación de los impactos en la población, sus bienes, los servicios públicos y los ecosistemas.
El estado de emergencia nacional faculta a la dirección general de Protección Civil para evacuar obligatoriamente a la población en riesgo y que haga uso de los mecanismos coercitivos necesarios, sin embargo, durante este periodo de lluvias muchas personas se rehusaban a dejar su vivienda.
Además, en este marco, la ley permite a diferentes instituciones del gobierno administrar los fondos y realizar los traslados de los mismos, para atender y mitigar los efectos de la emergencia.
De igual forma pueden realizar adquisiciones y promover procesos de compra de manera ágil, las cuales deben ser auditadas por la corte de cuenta.
Hasta la fecha no hay un informe preliminar de los fondos que se han utilizado para atender las afectaciones provocadas por las lluvias.