Representantes de distintas gremiales criticaron las primeras acciones de la nueva legislatura, sostienen que se pone en riesgo la estabilidad política del país.
Organizaciones de la sociedad civil reaccionaron a la destitución de Raúl Melara como Fiscal General de la República y de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, sostienen que es una decisión que rompe con el orden constitucional y la separación de los poderes del estado con procedimientos ilegítimos que atentan contra el derecho de todos los salvadoreños.
Agregan que como gremiales desconocen los nombramientos de los nuevos funcionarios, que a su criterio, han usurpado los cargos y pueden ser acciones constitutivas de delitos.
Hacen el llamado a instancias internacionales a rechazar el nombramiento de los funcionarios elegidos y activar todos los medios jurídicos para condenar estas acciones, incluyendo la carta democrática interamericana.
Además sostienen que la imagen del país en el ámbito internacional se ha lacerado, poniendo en riesgo las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, principal socio comercial, así como el apoyo que el gobierno de Joe Biden a destinado para la reactivación económica en El Salvador por las afectaciones a causa de la pandemia.
