Una nueva reforma de la administración de Donald Trump podría permitir que las entidades bancarias estadounidenses revisen el estatus migratorio de las personas que envían remesas, ya que aunque la orden ejecutiva no menciona explícitamente la palabra «remesas», sus disposiciones apuntan al dinero que millones de migrantes envían a sus familias cada mes.
La orden, que tiene 60 días de aviso formal, obliga a los bancos a revisar transferencias transfronterizas de bajo monto señaladas como vehículos potenciales para financiamiento de actividades ilícitas, así como patrones de retiros o depósitos repetitivos y el uso de plataformas de pago entre particulares.
En el caso de El Salvador, las remesas constituyen más del 20% del Producto Interno Bruto, por lo que especialistas advierten sobre los riesgos económicos para el país.
«Esto sería a nivel de toda aquella persona que tenga la necesidad de hacer envío de dinero, de utilizar cuentas de bancos», explicaron los analistas.
