El informe detalla que la justicia ha logrado procesar a un número significativamente mayor de presuntos traficantes, iniciar más investigaciones, asistir a más víctimas y aumentar la capacitación a los funcionarios de primera línea en la identificación y referencia proactiva de víctimas.
El gobierno mejoró el acceso a la justicia para las víctimas de trata, que se encuentran fuera de la capital, además, amplió las medidas para advertir a los posibles trabajadores migrantes sobre prácticas de reclutamiento fraudulentas y para educar al público sobre los riesgos de la trata en el sector turístico.
Sin embargo, destaca el informe, que el gobierno no cumplió con los estándares mínimos en varias áreas clave. A diferencia del año pasado, los tribunales no condenaron a ningún traficante. El gobierno arrestó y detuvo a miles de presuntos miembros de pandillas bajo cargos de asociaciones ilícitas, desmantelando redes criminales que alimentaban la trata sexual y laboral.
Además, las autoridades arrestaron y detuvieron a niños afiliados a pandillas sin evaluar posibles indicadores de trata. En general, los servicios para las víctimas fueron inadecuados y particularmente insuficientes para niños, hombres y víctimas LGBTQI+.