Esta situación la llevó a perder a su bebé, pero fue condenada a 30 años de cárcel por el delito de homicidio, dos años más tarde, Manuela murió de cáncer.
La CIDH ordena a El Salvador a regular la obligación de mantener el secreto profesional médico y la confidencialidad de la historia clínica.
Al mismo tiempo deberá reparar de manera integral a la familia de Manuela, así como un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional acordado con las víctimas.