El asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, explicó las implicaciones de reformar el artículo 32 del código procesal penal, específicamente lo que se traduce en la retroactividad de la ley, que permitirá a la Fiscalía actuar contra los corruptos porque los delitos ya no prescribirán a pesar de los años transcurridos.
Entonces, ¿Cuál sería el procedimiento para llevar ante la justicia a quienes se enriquecieron con los fondos públicos?
Las investigaciones abarcan a los señalados de haber recibido sobresueldos en los gobiernos anteriores.
Por lo que al aprobarse la reforma al código procesal penal no se descarta que puedan realizarse más capturas para los implicados en actos de corrupción, pero dice que debe seguirse el debido proceso.
Ahora el ejecutivo espera que tras el estudio de la propuesta por parte de los diputados, puedan aprobarla para fortalecer las herramientas para el combate de la corrupción en el país.