Una serie de reformas económicas fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa, las cuales van desde la modificación de presupuestos, exoneración de IVA hasta modificaciones clave en la regulación de cobros de la energía eléctrica.
De las 11 reformas aprobadas con dispensa de trámite, es decir sin discusión de las comisiones correspondientes, se destacaron las dos modificaciones en el rubro energético las cuales contemplan puntos neurálgicos para lograr controlar la inflación de precios en el país.
La primera de las reformas se hizo específicamente a la ley general de electricidad con el fin de regular los costos de la energía que se distribuya en la red eléctrica nacional y así evitar o disminuir una inflación de precios.
Otra modificación sensible en la ley general de electricidad es la incidencia directa para el control sobre los contenidos en los contratos que sean aprobados por la superintendencia general de electricidad y telecomunicaciones, Siget.
Una segunda reforma en el rubro energético se realizó al decreto legislativo 119, la cual autoriza a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del río Lempa, CEL, poder comercializar la energía que produzca y de esa manera cubrir el consumo de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados para evitar incremento de precios en el servicio de agua potable.
El sector energético se ha vuelto clave para enfrentar la crisis económica producto del conflicto entre Ucrania y Rusia, debido a que ambos países son proveedores de combustible fósiles, una de las fuentes energéticas más comunes en nuestro país.