La Asamblea Legislativa aprobó una nueva modificación al Código Penal para castigar con hasta 15 años a quienes cometan fraude electoral u obstaculicen la inscripción de candidaturas. La condena podría llegar a 20 años para quienes colaboren con quienes ingresen al servicio informático o cualquier aplicación utilizada para el ejercicio del sufragio. Además, si el delito es cometido por un funcionario público la sanción se aumentará en una tercera parte de la pena máxima.