Más de 24,000 supuestos miembros de estructuras criminales estarÃan enfrentando la justicia en procesos grupales, de acuerdo a las disposiciones transitorias especiales para ordenar el procesamiento de detenidos durante el régimen de excepción, contemplan un solo proceso penal por su pertenencia a pandillas o agrupación ilÃcita, según la denominación, funcionamiento, territorio u otros.
En las últimas horas, el ministerio público presentó una nueva solicitud para que 1,455 personas perfiladas como terroristas que operaban en el oriente del paÃs enfrenten la justicia por diferentes delitos, por ejemplo, en usulután serÃan tres grupos uno de 155, otro de 189 y un tercero de 98.
Mientras que en Santa Ana, personas que supuestamente operaban en Guaymango, Ahuachapán Sur y en El Refugio en Ahuachapán Norte, entre 2015 y 2022, se espera sean procesados por agrupaciones ilÃcitas, tráfico ilÃcito y tenencia ilegal de arma de fuego.
Según la representación fiscal, los 160 señalados llevan los procesos en tres tribunales contra el crimen organizado y están a cargo de 12 jueces.
Con este decreto la FiscalÃa tiene un plazo de dos años para continuar los procedimientos, es decir, hasta agosto de 2025.
Las capturas registradas mediante el régimen de excepción superan las 80,000.
