Las autoridades nicaragüenses acusan a Pérez, también conocido como Douglas Gamaliel Álvarez Morales y alias Relámpago, como coautor de la muerte de una oficial y un civil en Nicaragua.
Los abogados de Pérez intentaron evitar la extradición por medio de recursos de hábeas corpus que señalaban el riesgo de que sea sometido a tortura por el gobierno de Nicaragua que es señalado por numerosas organizaciones internacionales y países, incluido Costa Rica, de violar los derechos humanos de opositores y de mantener presos políticos.