Usuarios en redes sociales han denunciado perfiles de personas que ofrecen el servicio de falsificación de documentos por cierta cantidad de dinero, facilitando títulos académicos o algún otro documento que son esenciales para ejercer un empleo o realizar algún tipo de trámite.
El código penal en el país considera esto como el delito de falsedad material el cual detalla la elaboración o alteración parcial o total de un documento público o privado.
La pena en prisión para quienes comercializan estos documentos es de tres a seis años, pero ¿qué pasa con aquellas personas que compran estos documentos con total conocimiento de la falsedad?
Según el código penal deberá cumplir una pena de 3 a 5 años en presión ya que dependerá del uso y tipo de documento falsificado.
Incluso, suprimir, destruir u ocultar un documento verdadero o certificado es motivo suficiente para que las autoridades pertinentes puedan llevarlo a prisión.
Por lo que en lugar de invertir dinero en ello la mejor opción sería hacerlo en las instituciones que legalmente puedan acreditarlo para una profesión, trabajo o para realizar trámites de carácter legal.