Gustavo Enrique Linares, excabo de la Policía Nacional Civil de la subdelegación de Aguilares, fue sancionado con el pago de 1,825 dólares por el Tribunal de Ética Gubernamental por desempeñar dos puestos de trabajo en horarios coincidentes; el primero como cabo de la policía y al mismo tiempo como auxiliar de enfermería en el hospital Médico Quirúrgico del Seguro Social.
Esta falta transgrede el artículo 6 de la ley de ética, donde prohíbe a servidores públicos percibir más de una remuneración proveniente del presupuesto del estado cuando las labores deban ejercerse en el mismo horario.
Mientras que, por realizar actividades privadas durante su jornada laboral, también fue multado Arnulfo Emilio Blanco quien actualmente se desempeña como docente del Instituto Nacional de Juayua en Sonsonate. El tribunal lo sancionó con 730 dólares por no contar con permisos para ausentarse de sus labores, en cuyo lapso de tiempo continuó percibiendo su salario correspondiente.
Un tercer proceso sancionatorio fue ejecutado en contra de Ronald Arturo Guillén, miembro actual de la junta de protección de Chalatenango del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia. La falta cometida por este servidor público fue realizar actividades privadas durante su jornada laboral, sin contar con justificación legal para ello; por lo que deberá pagar la suma de $365 dólares en concepto de multa.
Y la ex jefa del departamento de Adquisición de Terrenos, Servidumbres y Catastro de CEL, Sobeida Maromay Ticas, deberá pagar 730 dólares por haber incumplido 64 veces con su jornada laboral sin tramitar los permisos respectivos y comercializar productos alimenticios durante su horario de trabajo; en cuyos periodos de tiempo continuó recibiendo su salario proveniente de fondos del estado.