
Miles de salvadoreños radicados en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal viven en incertidumbre a casi tres meses de que expire el beneficio, sin que las autoridades norteamericanas hayan notificado oficialmente si se decretará una prórroga o qué acciones se tomarán, según expertos en migración consultados sobre el tema.
El TPS fue otorgado a El Salvador tras el terremoto de 2001 y desde entonces miles de ciudadanos han construido una vida en EE.UU., formado familias y establecido negocios, lo que hace que una eventual cancelación tenga profundas implicaciones humanas y económicas.
Los especialistas descartan la posibilidad de una deportación masiva, pero advierten que lo más probable es que el gobierno estadounidense otorgue un plazo de un año para que los beneficiarios puedan salir de manera ordenada, vender sus bienes y cerrar sus empresas.