Más de 57,000 miembros de estructuras criminales detenidos y más de $1.43 millones de dólares incautados, son algunas de las cifras obtenidas desde la implementación del régimen de excepción en el país, que inicio en marzo de este año tras una ola de asesinatos cuyas víctimas superaron las 75 en un fin de semana.
Esta medida contempla una serie de reformas para castigar con penas más severas a quienes pertenezcan a estos grupos delincuenciales y a la fecha, en el pleno ya se aprobó una séptima prórroga que le permita al gobierno continuar con la llamada guerra contra las pandillas que también ha dejado la incautación de más de 13,000 celulares, más de 2,200 vehículos y más de 1,800 armas de fuego, esta última extensión finaliza el 17 de noviembre.
Según las autoridades de seguridad continuaran solicitando más prórrogas para disminuir los índices de criminalidad en el país y es que esto para algunos sectores también ha representado beneficios como la disminución en la extorsión.
Durante la implementación del régimen de excepción, organizaciones no gubernamentales también han denunciado detenciones no arbitrarias, según el Fiscal General de la República más de 800 personas han sido liberadas por comprobarse que no tenían vínculos con pandillas.
Las autoridades de seguridad sostienen que el régimen continuara hasta capturar a todos los criminales.