La institución será una entidad de derecho público descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio, además con autonomía administrativa, presupuestaria y técnica.
Por lo que al aprobarse la nueva normativa, la dirección general de movilidad y seguridad vial asumirá las funciones que actualmente eran desarrolladas por el Viceministerio de Transporte, disolviendo a este último.