El régimen de excepción, aprobado a petición del ejecutivo por la Asamblea Legislativa desde el 27 de marzo de 2022, fue la respuesta del gobierno a una escalada de violencia atribuida a las pandillas, que en un solo día dejó más de 62 muertos y ha sido prorrogado mes a mes por más de un año.
Con esta medida se mantienen suspendidas las garantías constitucionales establecidas en los artículos 12 inciso segundo, 13 inciso segundo y 24 de la constitución de la República, los cuales se refieren al derecho de defensa, a ser informado inmediatamente las razones de la detención, al plazo máximo de detención administrativa de 72 horas a 15 días y la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones.
Las autoridades de seguridad pública han adelantado que continuarán solicitando prórrogas hasta que sea detenido y encarcelado el último pandillero, una medida que respalda la población.
Por otra parte, según el Movimiento Víctimas del Régimen, señalan que son cientos de personas detenidas injustamente y han presentado ante la Corte Suprema de Justicia al menos 250 habeas corpus, una herramienta jurídica que solicita que el imputado comparezca inmediatamente ante un tribunal para que un juez decida si la detención es ilegal.
El régimen de excepción, que según varias encuestas cuenta con la aprobación del 80% de la población, ha dejado más de 72,000 personas capturadas y la incautación de unas 3,500 armas.