
La legislación salvadoreña contempla los procesos judiciales abreviados como una alternativa simplificada para resolver ciertos casos penales y reducir condenas. Un claro ejemplo es el del expresidente Elías Antonio Saca a quien se le redujo su sentencia de 30 a 10 años de prisión por peculado y lavado de dinero.
Esta figura está regulada en el artículo 417 del código procesal penal, y es aplicada cuando el imputado confiesa haber cometido el delito y acepta el procedimiento; sin embargo, su confesión debe ser clara y sustentable.
De acuerdo con la ley, el cálculo de la condena podrá acordarse entre el fiscal, el imputado y su defensor.
Incluso puede ser la Fiscalía quien solicite el proceso abreviado.
De acuerdo con los abogados, esta figura legal está presente en el código procesal penal desde 1998; y aunque cualquier persona natural que sea procesada penalmente puede apegarse a el, dependerá de la fiscalía si solicita o no la aplicación del procedimiento y del tipo de delito que cometió el infractor.