Miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA, reaccionaron al anuncio del presidente Bukele de finalizar el acuerdo con la organización.
Esta decisión se da luego de conocer que el ex alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, formaría parte de los asesores de la secretaria general de la OEA.
Tanto el presidente Bukele como el Fiscal General de la República, sostienen que no se puede recibir el apoyo técnico por parte de un Organismo Internacional que estaría siendo asesorado por alguien que está siendo proceso por la justicia en nuestro país.
Señalamientos que han sido descartados por la OEA en un comunicado de prensa donde aclara: Muyshondt no fue contratado, como dice el comunicado del gobierno salvadoreño, sino que solamente se le hizo un ofrecimiento en su momento por un contrato honorario, aunque este contrato nunca se firmó.
Además reiteran que debe quedar claro que el señor Muyshondt no tuvo, no tiene y no tendrá contrato en la organización. La secretaría general no desea que esto se utilice como excusa para la salida de la CICIES del país.
Por lo tanto, y en vista a lo anteriormente expuesto, rechazamos completamente la argumentación formulada y nos consideramos en el deber de hacer públicas nuestras diferencias con el gobierno de El Salvador respecto a la CICIES. Diferencias éstas que estaban en conocimiento de donantes y del propio gobierno de El Salvador, a quienes se les había manifestado que hacían imposible la continuación de los trabajos de la comisión.
También el comunicado deja entre ver la reciente aprobación de la ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionadas por la pandemia covid-19, la misma eventualmente beneficia a personas que podrían haber tenido participación en actos de corrupción por la inmunidad que se establece en el art. 4 de dicha ley y la CICIES no podía seguir trabajando en un marco de eventual impunidad.
Además la decisión gubernamental de no hacer público el primer informe descriptivo sobre la calidad efectividad y legitimidad del uso de fondos públicos en atención a la pandemia covid-19. En dicho informe se constata una serie de irregularidades de apariencia delictiva que es necesario investigar.