
Llevarse documentos del lugar de trabajo al domicilio sin la debida autorización puede generar consecuencias legales que van desde sanciones administrativas hasta penas de prisión, dependiendo de la naturaleza de la información y el propósito de su retiro.
Especialistas consultados señalaron que los documentos públicos que afecten a la administración o aquellos que tengan carácter reservado representan un mayor riesgo jurídico para el empleado.
La sustracción de información con fines de perjudicar a terceros o de beneficiar a alguien constituye una infracción penal, mientras que el retiro por descuido o para trabajar fuera de la oficina podría ser considerado una falta administrativa. En El Salvador, diversos casos han derivado en despidos y condenas privativas de libertad.