
El Fondo Monetario Internacional fue claro: el gobierno de El Salvador no debe comprar más Bitcoin salvo donaciones documentadas.
El organismo pide eliminar por completo la exposición que aún tiene el sector público en ese activo.
El FMI también solicita más transparencia sobre las tenencias públicas de criptoactivos.
Además, pide reforzar su regulación y supervisión, incluso con enmiendas a la Ley de Emisión de Activos Digitales.
Así pues, reconoció que no se cumplieron ciertos criterios, entre ellos la acumulación de Bitcoin, pero concedió exenciones por las medidas correctivas y los compromisos renovados.