
El Fondo Monetario Internacional fue claro el gobierno de El Salvador no debe comprar más bitcoin, salvo donaciones documentadas, y debe eliminar por completo la exposición que aún tiene el sector público en ese activo.
El organismo también pide más transparencia sobre las tenencias públicas de criptoactivos y reforzar su regulación y supervisión, incluso con enmiendas a la ley de emisión de activos digitales. Como avance, destacó el traspaso de la mayoría y el control de la billetera chivo a un operador privado. Reconoció que no se cumplieron ciertos criterios, entre ellos la acumulación de bitcoin, pero concedió exenciones por las medidas correctivas y los compromisos renovados.
En pensiones, el FMI indicó que, tras retrasos anteriores, se impulsarán reformas en ese sector y en la administración pública para respaldar la consolidación fiscal. Para 2027, sus proyecciones incluyen el reconocimiento de 2,300 millones de dólares en intereses no pagados a los fondos privados de pensiones.
El directorio ejecutivo concluyó la segunda y tercera revisión del acuerdo de 40 meses, aprobado el 26 de febrero de 2025. Eso habilita un desembolso inmediato de 101,96 millones, unos 138 millones de dólares, de un acceso total de cerca de 1.400 millones.