La Fiscalía General de la República ha solicitado que 9 inmuebles, entre ellos un rancho en la playa, 2 vehículos y 9 depósitos a plazo fijo, vinculados al ex funcionario pasen a ser administrados por el Estado.
La audiencia en contra del imputado se desarrolla en el juzgado especializado de extinción de dominio en San Salvador.