
La orden también atribuye a Morales los delitos de atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
Durante siete semanas, entre mayo y junio, campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana impulsaron bloqueos de carreteras, principalmente en el occidente y el centro de Bolivia, con el respaldo de grupos afines a Morales, para exigir la renuncia del presidente Paz como única demanda.