La Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua mostró nuevamente su preocupación, incoherencia y grandes vacíos entre las funciones de ley, la responsabilidad con la actual crisis hídrica y la falta de un reglamento.
Con respecto al presupuesto que permitirá ejecutar las funciones de gestión hídrica, dicen que existen incoherencias como en el caso de la ejecución presupuestaria de la institución 2022 en donde algunos proyectos como la arborización en la avenida Jerusalén costó $243,000 dólares y un centro de interpretación en un mirador en el departamento de La Libertad donde se destinaron $475,000 dólares no corresponden a las funciones de la ASA y en cambio otros proyectos de gestión tienen a criterio de la alianza nacional poca asignación como en el caso de la restauración de la cuenca Las Cañas con un fondo de $5,200 dólares o del río ambulancia en Tacuba con tan solo $800 dólares en su designación.
Los miembros de la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua dicen que aún existe tiempo para corregir el rumbo que lleva la asa para 2023, por lo que piden principalmente dar a conocer el reglamento de la asociación y una claridad del presupuesto asignado para 2023.
La ley general de recursos hídricos fue aprobada el 21 de diciembre 2021 y entro en vigor el 12 de julio 2022, hasta la fecha no cuenta con un reglamento, junta directiva o un presupuesto propio que permita ejercer funciones como el inventario hídrico del país y la regulación de la gestión del recurso.