
De acuerdo con la acusación fiscal, el exfuncionario habría cometido los delitos entre 2019 y 2022, al autorizar fondos millonarios para obtener beneficio económico propio, de terceros, de un banco privado del que era accionista y de un reconocido empresario de transporte en El Salvador.
La jueza ratificó la medida de detención provisional en la que se encuentra el procesado.