Agentes policiales y militares han sido señalados de cometer abusos de fuerza, ya se conocen casos donde personas pertenecientes a esas instituciones han llegado a los juzgados, el Observatorio Universitario de Derechos Humanos documentó 13 casos con diversas fuentes como la Fiscalía y policía.
Sostienen que en el año 2015, donde el número de homicidios fueron más de 6,600, pese a que existió el plan El Salvador Seguro en el mandato de Salvador Sánchez Cerén, las cifras no disminuyeron.
Por ejemplo, en 2017 se registró un índice de cinco personas particulares fallecidas por cada herido, indicador que en 2020 se redujo a 1.4 por cada herido.
En estos últimos años se logró comprobar que al menos 15 grupos de exterminio simulan operativos, por ejemplo nueve exigentes fueron procesados en 2018 por ejecuciones sumarias que se cometieron en febrero de 2016, tres de ellos perecientes al extinto grupo de reacción policial, disuelto de forma exprés por la administración de Sánchez Cerén en medio de investigaciones por el asesinato de Carla Ayala, que en ese caso el año pasado fueron condenadas 9 personas.
Pero para evitar que los cuerpos de seguridad cometan ese tipo de crímenes sostienen que ese fenómeno se debe promover la tipificación penal con colaboración técnica.
De acuerdo al estudio, desde 2015 a 2020 la letalidad de las fuerzas de seguridad dejo al menos 1824 víctimas y solo fueron imputados 1365, de ese número solo el 78% fueron sobreseídos.