
Esto por la necesidad de entrenar a su personal consular sobre nuevos procedimientos para asegurarse que los receptores de esos visados no suponen un cargo a las arcas públicas.
El material formativo se puso a disposición de los consulados después de que un juez federal declarara ilegal el veto a los visados a ciudadanos de 75 países, por el supuesto riesgo que ve la administración del presidente Donald Trump en que personas de estas naciones sean admitidos dentro de Estados Unidos y recurran a subsidios públicos.