Sin discusión y con 65 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó las reformas transitorias a la ley orgánica judicial, que consiste en ampliar las competencias de los juzgados de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena de Cuscatlán y Usulután, para que sean los principales tribunales que estén a cargo de los casos de los detenidos en el centro de confinamiento del terrorismo, mientras se crea otra sede judicial.
Por otra parte, el legislativo aprobó brindar facultades a los juzgados primero y segundo de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena de Santa Ana para que ejerzan competencia en el centro industrial de cumplimiento de penas y rehabilitación de Santa Ana, ya que no está definido a qué juzgado le correspondía la vigilancia de dicho centro.
Ambas disposiciones fueron solicitadas por la Corte Suprema de Justicia tras evaluaciones y estudios sobre la carga administrativa que tiene cada juzgado.
Según datos oficiales, hasta el 9 de julio del presente año, el CECOT ubicado en Tecoluca, San Vicente, ya albergaba a 12,500 reos que han sido trasladados de diferentes centros penitenciarios del país, lugar donde según autoridades se encuentran detenidos cabecillas y jefes de las diferentes pandillas en el país, sin embargo, ninguna autoridad supervisaba la pena o detención de estos privados de libertad.