
El exfuncionario deberá restituirle al estado más de 213,300 dólares al no poder justificar seis irregularidades patrimoniales detectadas por la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, mientras que a su cónyuge, la cámara le ordenó devolver más de 63,800 dólares por tres irregularidades.
Estas fueron cometidas durante sus gestiones como viceministro de Cooperación para el Desarrollo y viceministro de Integración y Promoción Económica dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores en las administraciones de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén.