Las medidas adoptadas por Canadá contra Porras se producen después de que la Unión Europea impusiera sanciones contra la fiscal a principios de febrero por sus intentos de evitar la toma de posesión del presidente guatemalteco.
Las sanciones de Canadá impiden a ciudadanos o empresas canadienses, o residentes en el país, mantener relaciones con los cuatro funcionarios guatemaltecos, congelan los activos que puedan tener en el país norteamericano y les impiden viajar a ese país.