El proceso judicial en contra del ex presidente de la República, Mauricio Funes y el ex ministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, continúa en los tribunales, donde la Fiscalía General de la República ya presentó a los primeros testigos que declararon sobre las irregularidades detectadas al interior de los centros penales durante la denominada “tregua entre pandillas”.
De acuerdo con fuentes presentes durante la audiencia, entre los testificantes se encuentran cinco personas con régimen de protección y Oscar Arévalo, quien se desempeñó como subdirector de seguridad del centro penal de Izalco.
Las declaraciones de los testigos confirman que entre los años 2011 y 2013, tiempo en el que se desarrolló esta tregua, los mediadores Raúl Mijangos y el obispo, Fabio Colindres, ingresaban sin ser registrados por los custodios del centro penal de Izalco y se permitía la salida de internos y cabecillas a otros centros penales a fin de negociar una disminución de los homicidios.
Otra de las irregularidades reveladas por los testigos fue el ingreso de discomóviles y la realización de fiestas donde eran ingresadas mujeres desnudas, así como el ingreso de personas sin control y no se tenía un registro de visitas intimas.
En cuanto a las requisas, uno de los declarantes explicó que la mayoría de estas eran simuladas ya que una vez incautaron 50 celulares que posteriormente les fueron devueltos a los reos; además se realizó la extracción de equipo informático con el supuesto fin de eliminar videos de seguridad que delataran estas actividades ilegales.
También se conoció sobre el ingreso de ilícitos como pistolas 9 milímetros, escopetas y granadas al interior de un saco de boxeo; así como la entrega de teléfonos celulares, manos libres y cargadores a los reclusos.
En torno a este caso, se espera que comparezcan 30 testigos presentados por la Fiscalía; quienes brindarán insumos para sustentar el proceso que se sigue en contra de los ex funcionarios.