Una reducción en los homicidios y la captura de más de 57,000 miembros de estructuras criminales son algunos de los resultados que las autoridades destacan con la implementación del régimen de excepción, que agregan es necesario continuar debido a que permanecen pandilleros y sus liderazgos en libertad, quienes aseguran se mantienen agrediendo a la población y a los cuerpos de seguridad.
Aseguran que persiste la amenaza de actuación criminal de estos grupos y que de suspender este accionar militar y policial se traduciría en un retroceso en los avances alcanzados ya que consideran que hechos como los homicidios no pueden verse separados de las condiciones que lo propician.
También detallaron que el deber del estado es garantizar el derecho a la vida, seguridad e integridad personal de la población salvadoreña es por ello, que solicitaron una extensión por 30 días más de este régimen que contempla la suspensión de garantías constitucionales como el derecho a ser informado sobre sus derechos y las razones de su detención, el plazo máximo de 72 horas que una persona dentro de las cuales se debía consignar al detenido a la orden del juez competente, cuyo plazo máximo, ahora es de 15 días y también se le permite al estado intervenir las telecomunicaciones, anteriormente estas eran con orden judicial y de manera excepcional.