Las personas en situación de vulnerabilidad son el blanco de los tratantes de personas, sin importar edad o género las víctimas son sometidas a situaciones de explotación sexual, laboral u otro tipo a través de la fuerza, el fraude o el engaño, con fines lucrativos, en El Salvador este es un delito que está muy disimulado e invisibilizado señalan organizaciones sociales.
El departamento de Estado de Estados Unidos en su informe más reciente sobre la trata de persona en El Salvador, señalo que el gobierno no cumple completamente con los estándares mínimos para su eliminación, pero que está haciendo esfuerzos significativos para erradicarlo.
El informe revelo que en 2023, la policía investigó 38 nuevos casos de sospecha de trata (23 por trata sexual, cuatro por laboral y 11 por formas no especificadas, involucrando a 79 sospechosos, un aumento respecto a los 36 casos investigados en 2022, (34 por trata sexual y dos por trata laboral) que involucraron a 13 sospechosos.
Sin embargo, las autoridades no condenaron a ningún traficante en 2023, una disminución respecto a 2022, cuando los tribunales condenaron a 10 individuos, recibieron sentencias entre ocho y 20 años de prisión.
Aunque los representantes de la red rama para la trata de personas reconocen los avances en el tema también sugieren mayor persecución en este delito, aumentando los esfuerzos para investigar e identificar a las víctimas de mayor riesgo, brindar protección y acompañamiento activo a los denunciantes y ampliar las medidas de prevención.
Según datos de oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de manera global, una de cada cinco víctimas son niños, aunque en las regiones y subregiones más pobres, como en África conforman la mayoría de las personas traficadas. Por su parte, las mujeres equivalen a dos tercios de las víctimas de la trata de personas en el mundo.