La normativa prevé que los modelos de IA de propósito general deberán cumplir con las obligaciones de transparencia, así como con las normas europeas de derechos de autor.
En tanto, los sistemas considerados de alto riesgo estarán sujetos a requisitos más estrictos.
La legislación define medios de vigilancia y sanciones de hasta 7,5 millones de euros, mediante la creación de una oficina europea de IA.
Esta es la primera ley a nivel mundial sobre Inteligencia Artificial.
