El proceso se lleva a cabo en el tribunal tercero contra el crimen organizado de Santa Ana. Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron entre 2021 y 2022, cuando presuntamente alteraron las bases de licitaciones en el puerto de Acajutla con el fin de beneficiar a allegados y cobrar por solvencias falsas. Las penas solicitadas por la Fiscalía varían entre 8 y 20 años de prisión.
