El propósito es establecer sanciones más estrictas para los delitos cometidos por particulares y funcionarios en el ejercicio de sus funciones, que faciliten la extracción de fondos públicos a través de actos ilegales, contribuyendo a la corrupción estatal.
También se dictaminó a favor de reformas al código procesal penal para cambiar el plazo máximo de duración de la medida cautelar de la detención provisional.
Y al código penal para lograr un descongestionamiento de los tribunales.
