En pabellones separados de las cárceles comunes permanecerían los menores de edad que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado, según la más reciente reforma a la ley penal juvenil que dan luz verde a las modificaciones que establecen que una vez hayan cumplido los 18 años serán sometidos al régimen general de adultos.
En el escrito se detalla que la iniciativa busca evitar que menores con vínculos al crimen organizado reciban el mismo tratamiento que aquellos que hayan cometido delitos de menor gravedad o de manera aislada.
Organismos internacionales, entre ellas, Unicef, han reaccionado ante esta reformas, aseguran que representan un retroceso en compromisos asumidos por el país en cuanto a contar con un sistema judicial juvenil con enfoque diferenciado y sostienen que contravienen instrumentos internacionales como la convención sobre los derechos del niño, y otros instrumentos en cuanto al trato y las condiciones a observar para la privación de libertad de los menores, incluyendo la detención preventiva y la prisión posterior a la sentencia.
