El Ministerio de Economía estaría buscando que los negocios vinculados a plataformas digitales de pagos, prestamos o de financiamiento colectivo, sean regulados a través de la ley para fomento de entidades Fintech y regulación de servicios financieros digitales. La propuesta fue presentada al legislativo.
Para las entidades Fintech, que no son más que empresas que utilizan tecnología para ofrecer servicios financieros que van desde pagos en línea hasta inversiones o prestamos; deberán contar con la autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero y solo las que ofrecen servicios de pagos en plataformas digitales tendrían que contar con el aval del Banco Central de Reserva para el respaldo del saldo de sus registros digitales en una cuenta de depósito no remunerada. Una vez soliciten los permisos requeridos, deberán detallar accionistas, organigramas y manual de cumplimiento de lavado de dinero y activos, entre otros requisitos.
La ley también contempla la exención del pago del impuesto sobre la renta para las empresas que se constituyan después de la entrada en vigencia de la disposición, beneficio al que tendrán derecho por cinco años. Mientras que las Fintech que ya operen y brinden sus servicios en el país, tendrán un máximo de un año después de emitida la norma para conformarse como entidad ya que, de aprobarse la ley, será prohibido operar para aquellos negocios que no se encuentren inscritos.
En cuanto al crowdfunding, término que se refiere al financiamiento colectivo a partir de donaciones, prestamos o inversiones en plataformas digitales y sin intermediarios financieros; economía propone que esta captación de recursos también sea regulado por las entidades financieras, para lo cual se deberá de expedir un reglamento de crowfunding con criterios de admisión, características de los proyectos y las condiciones financieras de los mismos.
El proyecto también establece que los fondos captados mediante esta figura no podrán ser usados para fusión o adquisición de acciones de otras sociedades ni créditos. Las empresas tampoco deberán asesorar a los proyectos que se financien con este recurso.
La ley, además, contempla la creación del consejo de innovación financiera que promovería la alfabetización financiera digital de la población, la privacidad de los datos, ciberseguridad, entre otros aspectos. Además, se establecería una oficina de innovación financiera que tendría a su resguardo a las entidades Fintech autorizadas. Ambas instituciones tendrían 90 días máximos para poder instalarse.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo, en El Salvador hay registrados 27 emprendimientos de tecnofinanzas; 13 más de los que se encontraban activos en el año 2022.
