DeepSeek, una Inteligencia Artificial de origen chino ha comenzado a ser prohibido en diferentes países, siendo Australia e Italia los primeros en restringir su uso; mientras que Estados Unidos enfrenta iniciativas para impedir que sea utilizada. El informe de la empresa canadiense, Feroot Security, revela que DeepSeek contiene códigos ocultos con la capacidad de enviar datos de usuarios directamente a empresas controladas por el gobierno chino.
Dicha vulnerabilidad fue descubierta mediante un software que indica que dicha aplicación transfiere los datos a la empresa estatal, china Mobile, lo que es catalogado como un riesgo inédito en plataformas de Inteligencia Artificial, análisis hechos por la revista Wired señalan que DeepSeek recopila información en tres niveles: datos proporcionados por el usuario como mensajes, audios y archivos, datos obtenido automáticamente como información del dispositivo, direcciones IP y patrones de escritura; y datos de terceros como información vinculada a la cuenta de Google con la que se inicia sesión. Sumado a esto, la IA también es señala por rastrear la actividad del usuario fuera de su plataforma vulnerando su privacidad.
Los supuestos vínculos de DeepSeek con el gobierno chino también ha representado perdidas económicas para la aplicación, pues en 2021 fue excluida de la bolsa de valores de Nueva York y en 2022 fue incluida en la lista de amenazas a la seguridad nacional de la comisión federal de comunicaciones de Estados Unidos.
En respuesta a esta controversia, Google presentó su interfaz de Inteligencia Artificial denominada Gemini 2.0 pro, la cual reduce errores y optimiza respuestas además de procesar grandes volúmenes de información con mayor rapidez; algo que DeepSeek parece no tener ya que presenta limitaciones en precisión y fiabilidad.
Mientras tanto en El Salvador, la Asamblea Legislativa analiza crear la agencia nacional de Inteligencia Artificial, que sería la encargada de supervisar, fomentar y regular el uso de estas tecnologías. También se buscará garantizar la protección de los derechos de propiedad intelectual y gestionar los riesgos asociados a la utilización de estos programas.
