El gobierno presentó ante los diputados una reforma que incorporaría el delito de encubrimiento de extorsión, lo que permitirá procesar a familiares de miembros de pandillas y además se castigará con prisión a quienes paguen las extorsiones. Las penas irían desde los 5 a 8 años y esto incluye empresas, directivos y representantes legales que paguen renta a los pandilleros.
El ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, dijo que estas reformas evitarán el financiamiento de grupos criminales que además pedían dinero para entrar o movilizarse entre zonas.
Esta propuesta fue entregada junto con la petición de ampliar por un mes más el régimen de excepción, los cambios propuestos serán estudiados por los diputados.