Más de 700,000 dólares habrían percibido estos sujetos a través de una sociedad no autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero ni por el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo, a donde las victimas depositaban a la cuenta.
Las investigaciones iniciaron en enero de 2024.
La Fiscalía General de la República sostiene que Leopoldo Salvador Hernández Colorado, supuesto representante legal y su esposa realizaban las transferencias a otras cuentas, emitían cheques para ser cobrados en efectivo hasta que los fondos fueron vaciados en su totalidad.
Estos sujetos fueron detenidos en operativos realizados en casas ubicadas en San Salvador, Usulután, La Libertad y La Paz.
