La iniciativa, enviada al congreso unicameral por el presidente Daniel Ortega, fue aprobada en el plenario de forma unánime por 88 votos.
Estos cambios permitirán al gobierno de Ortega enjuiciar a nicaragüenses que no se encuentren en el país, incluyendo opositores exiliados o desterrados y sentenciarlos con multas, confiscación de bienes y penas que van de 6 meses a 30 años de cárcel, así como con la prisión perpetua en caso de delitos considerados graves.
