El actual órgano ejecutivo y las autónomas tienen pendiente de presentar 2,356 declaraciones de patrimonio ante la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, según los datos recopilados por acción ciudadana hasta diciembre de 2021, quien señala que los funcionarios tienen la obligación de brindar la declaración del inicio de sus funciones, pero no se le da cumplimiento.
En el caso de la legislatura 2021-2024, hay 11 declaraciones pendientes del inicio de funciones de los diputados propietarios y 16 de los suplentes.
Según Acción Ciudadana, cuando los funcionarios no presentan la declaración de inicio y cese de funciones limita el seguimiento a los casos de enriquecimiento ilícito y aumenta la corrupción.
Durante el quinquenio 2014-2019, se contabilizan 3,878 declaraciones patrimoniales de servidores públicos del órgano ejecutivo e instituciones autónomas, pendiente de presentar, mientras que del periodo legislativo 2018-2021 se reportan 60, de estas 6 son del inicio de funciones y 54 del cese de las mismas.
En el informe, Acción Ciudadana sostiene que a nivel regional, El Salvador, presenta altos niveles de incumplimiento en la presentación de declaraciones de patrimonio y mínimos procedimientos sancionatorios y multas impuestas.
