Más de 1.6 millones de personas que se abastecen del vital líquido por medio de juntas de agua, no serán beneficiadas con el pago del recibo del mes de enero por parte del gobierno debido a que no tienen vinculación con ANDA. Se trata de al menos un 30% de la población cuyo suministro de agua es a través de ONG.
Para llevar el agua hasta las comunidades, las asociaciones deben enfrentar gastos de operaciones y mantenimiento que son cubiertos con el pago de las tarifas que aplican en cada vivienda.
Con la recién creada ley general de recursos hídricos, las juntas de agua están obligadas a inscribirse en la Autoridad Salvadoreña del Agua, pero solo alrededor de 400 han presentado la documentación requerida.
Para resolver sus estados legales, los especialistas solicitan al gobierno elaborar un censo que les permita un diagnóstico completo de las actividades de las organizaciones.
