La intervención se debe a la supuesta administración irregular de los sistemas de agua potable en San Francisco Gotera y Chilanga, sin contar con la supervisión de la autónoma para garantizar un servicio de calidad para más de 3,000 habitantes de la zona.
La Fiscalía General de la República allanó el negocio, verificó las cuentas y parte comercial de la empresa que presuntamente actuaba de forma irregular, y aclararon que los ciudadanos de momento no deben preocuparse por pagar sus facturas.