La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó a El Salvador el restablecimiento de los derechos suspendidos por el régimen de excepción y adoptar medidas para prevenir, controlar y dar respuesta a la criminalidad; bajo una política de seguridad ciudadana enfocada en el respeto y la garantía de los derechos humanos.
La CIDH en su informe sobre el estado de excepción y derechos humanos en El Salvador, reconoce que los niveles de criminalidad han disminuido notablemente en el país desde la implementación del régimen en marzo de 2022; por lo que consideran que la situación de emergencia que dio origen a la medida ya fue superada y no hay justificantes que indiquen la necesidad de seguir con esta política de seguridad.
Si bien la comisión reconoce a las pandillas como un problema grave que afecta a El Salvador desde hace varias décadas, afirman que el régimen de excepción no puede convertirse en parte de una política de seguridad ciudadana permanente; pues se trata de un mecanismo excepcional que debería aplicarse en situaciones de calamidad.
En el informe también se analizan las reformas a los códigos penal, procesal penal y justicia juvenil; que a criterio del organismo priorizan un modelo punitivo que castiga a los infractores con prisión preventiva para ciertos delitos y el aumento de penas de cárcel para los menores de 18 años.
En el contexto del régimen de excepción, la comisión también resalta que la población carcelaria se ha triplicado en pocos meses; lo cual les preocupa ya que incrementaría los niveles de hacinamiento que percibieron durante su visita al país en 2019.
Con la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo, llaman al estado a priorizar la revisión de las prisiones preventivas decretadas; e implementar una política criminal que utilice la privación de libertad como medida de último recurso.
Como parte de las recomendaciones, la CIDH propone 22 medidas entre las cuales destacan las siguientes: desarrollar e implementar políticas de atención a víctimas de delitos perpetrados por pandillas, derogar disposiciones que obliguen a la aplicación obligatoria de prisión preventiva o que impida su sustitución debido al tipo de delito, retirar gradualmente a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad ciudadana, mantener un registro total de los privados de libertad y dar a conocer cifras o resultados de las acciones de seguridad implementadas como las diferentes fases del plan control territorial.
